MIAMI.- Cuba cerró marzo de 2026 con 1,250 prisioneros políticos, la cifra más alta registrada hasta la fecha, según el informe mensual Prisoners Defenders, una ONG española, sin ánimo de lucro, dedicada a la defensa de los derechos humanos, la acción jurídica y la promoción de la democracia.
Indicó que solo en marzo se verificaron 44 nuevos casos de nuevos detenidos por protestar o expresarse en redes sociales.
La organización, la cual se especializa en documentar, denunciar y defender casos de presos políticos y de conciencia, principalmente en Cuba, denuncia que se trata de “una tiranía en guerra contra su pueblo”.
AUMENTO DE MUJERES Y MENORES DETENIDOS
El reporte destaca un incremento significativo de mujeres y menores entre los detenidos. Con 145 mujeres condenadas por motivos políticos, la isla marca un nuevo récord de presas políticas.
Además, 33 de los presos actuales fueron detenidos siendo menores de edad, dos de ellos incorporados en marzo. Las condenas contra adolescentes alcanzan una media de 5 años de prisión.
CONDENAS EJEMPLARIZANTES Y CRISIS HUMANITARIA
Prisoners Defenders documentó que 217 manifestantes han sido castigados por sedición con penas medias de 10 años. La represión, según el informe, se aplica de forma “indiscriminada” contra ciudadanos humildes y sin afiliación política conocida, por participar en protestas por apagones, falta de agua, hambre o por denunciar la crisis en redes sociales.
La situación dentro de las cárceles es crítica: 447 presos políticos padecen enfermedades causadas o agravadas por las condiciones de reclusión, la tortura y la negación sistemática de atención médica. Otros 47 sufren trastornos mentales severos incompatibles con el encierro.
La ONG exigió este mes la liberación inmediata de 32 presos que, de no ser excarcelados, “pueden morir en menos de 12 meses o sufrir daños irreversibles”.
DETENCIONES SIN ORDEN Y CASTIGO FAMILIAR
El informe señala que marzo mostró un “agravamiento exponencial” de la represión. Las detenciones se ejecutan sin orden de arresto, con incomunicación, torturas y negación del derecho de defensa.
Se han contado por cientos las detenciones de hasta seis días en provincias como Ciego de Ávila y La Habana.
Como ejemplo de “represión familiar”, el documento expone el caso de Anna Sofía Benítez Silvente (Anna Bensi), creadora de contenido de 21 años, y su madre Caridad Silvente. Ambas fueron procesadas en marzo por grabar y difundir en redes la actuación de agentes de la Seguridad del Estado en su domicilio. Fueron sometidas a reclusión domiciliaria bajo amenaza de hasta cinco años de prisión.
El proceso fue sobreseído el 13 de abril tras presión mediática internacional, aunque las autoridades advirtieron que podrían reactivarlo.
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